Nuevos conflictos por la tierra

El municipio quiere expropiar terrenos que se revalorizaron. Hay polémica por el futuro de los pobladores precarios

Por Andrés Ferreras *

Una nueva polémica se generó en Villa María en torno al uso y propiedad de terrenos, y el municipio volvió a quedar en medio de las críticas por el modo como encara las políticas habitacionales.

Tras dos desalojos ocurridos en lotes que se han revalorizado por la llegada de la autopista y la pronta instalación de un hipermercado, el Ejecutivo municipal quiere expropiar los terrenos que pertenecían a una sociedad llamada La Rural, desaparecida hace décadas. Desde el gobierno local dicen que es “para proteger” a los precarios ocupantes de los lotes, pero hay quienes ven aristas ambiguas en el proyecto y reclaman garantías para quienes viven allí desde hace años, cuando era un cañaveral olvidado y lleno de basura.

Hace unos meses, el meollo fue las 30 hectáreas compradas al Aeroclub que en un principio iban a ser destinadas a viviendas sociales. Pero luego se presentó un proyecto de licitación para que inversores inmobiliarios privados lo urbanizaran. La iniciativa despertó críticas de entidades que reclaman una política habitacional inclusiva para los menos pudientes y que reduzca el fuerte déficit que padece la ciudad. El proyecto no logró prosperar en el Concejo Deliberante todavía, pero el oficialismo lo mantiene vigente.

Ahora el conflicto se caldea en otro lugar: una manzana que por más de medio siglo fue un olvidado lugar lleno chatarras y alimañas donde gente sin recursos armó sus ranchos de chapa, ladrillo y cartón. La mayoría de los terrenos pertenecía a la desaparecida Compañía Argentina de Seguros La Rural. Nunca nadie les reclamó nada y algunos iniciaron los trámites ante el Registro de Poseedores de la Provincia.

Pero este año todo cambió. Junto a esos terrenos pasa el principal acceso a la autopista y justo enfrente se construye el primer hipermercado de Villa María. Con varias nuevas escuelas y la universidad nacional cerca, y un hotel que se construirá en las proximidades, el valor de las tierras se disparó a las nubes. Dos lotes ya fueron desalojados bajo orden judicial. El Ejecutivo quiere expropiar el resto para “ir construyendo un banco de tierras donde el municipio pueda ir edificando viviendas sociales”. “Esas tierras están en una zona dudosa. Algunos se aprovecharon y lo que hicimos fue ponerle un freno a la decisión de algunos privados de hacerse de esos terrenos”, declara el secretario de Gobierno, Héctor Muñoz. “Esta gente sabe que no tiene todo a su favor”, dice.

“Son trámites incompletos y a veces desprolijos. Si fueran legítimamente de ellos y pudieran demostrarlo, no hubiésemos hecho nada. Pero fue para protegerlos, no para castigarlos. Si no, los habríamos sacado directamente”, se despachó. Para el concejal Ricardo Pereyra (Democracia Cristiana), “no es necesario expropiar” para hacer viviendas sociales. Dijo que, excepto un caso, todos tienen iniciados los trámites en el Registro de Posesión. Señaló como llamativo que en el proyecto de expropiación el Ejecutivo remitiera los antecedentes de todos los que adeudan impuestos, pero omitiera los datos de un vecino que se encuentra con sus pagos al día. Ese terreno es ocupado por Daniel Bonano. “Tengo todos los impuestos pagos en la Municipalidad y la Provincia y al día todo lo que exige la ley 9.150”, subrayó el vecino.

Cuando se le preguntó al concejal Pereyra si creía que el conflicto estaba motivado por la revalorización de los terrenos, sostuvo que “no hay ninguna duda. Cuando era un cañaveral lleno de basura, no venían los hipermercados ni hablábamos de la autopista, nadie decía nada, ni se preocupaba por esta gente”. “No es por eso”, replicó el presidente de la bancada oficialista de Unión por Córdoba, Carlos De Falco. “Es porque ahí hay una situación de gente viviendo precariamente. Se trata de lograr una solución habitacional”, aseguró. “Es una tierra con algún conflicto, no hay titular dominial conocido. La idea es declararlas de utilidad pública, expropiarlas y construir allí viviendas para gente careciente”, aseguró. Pero aclaró que estas familias “estarán incluidas en la medida que reúnan las condiciones. Si no, alguna solución habitacional van a tener”, relativizó.

A Marcos Scauso, integrante de Asamblea por la Democracia, le parece que el proyecto del Ejecutivo es “una estrategia que tiene aristas un poco ambiguas”. Su organización comenzó a interesarse en el tema tras los primeros desalojos y quiere evitar que se repitan. La discusión por estos lotes recién comienza y no está aislada de otros conflictos. El crecimiento de la ciudad despertó una pelea por el aprovechamiento de la tierra y puso de nuevo en el tapete el rol que debe cumplir el municipio en casos como estos.

*http://www2.lavoz.com.ar/08/09/14/secciones/regionales/nota.asp?nota_id=239949