¿Cómo es?

Por Juan Carlos Giuliani *

El 14 de marzo de este año en el Teatro Argentino de La Plata la presidenta Cristina Fernández presentó en sociedad el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, inspirado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El 13 de julio su Gobierno autorizó al Grupo Clarín a prestar el servicio triple play. ¿En qué quedamos? ¿Se desmonta o se agiganta el monopolio informativo?

El Gobierno nacional acaba de autorizar al Grupo Clarín a prestar el denominado servicio triple play (telefonía, televisión por cable e internet) a través de la Resolución 146 publicada en el Boletín Oficial. De este modo, la administración de Cristina Fernández entregó al Multimedio la numeración geográfica y no geográfica para prestar telefonía local.

Este era el penúltimo requerimiento para ingresar al millonario negocio de las telecomunicaciones. Ahora, sólo le resta acordar con las teléfonicas el permiso para utilizar el cableado de la red instalado.

El texto detalla que la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación le otorgó a la compañía de Internet Fibertel S.A., propiedad del holding, 30.000 números para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 5.000 para Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdoba; y 1.000 para Bahía Blanca, Campana, Escobar, Mercedes (Buenos Aires), Zárate, Luján y Paraná.

Esta medida se da de narices con la concepción antimonopólica que impregna la iniciativa de una nueva Ley de Radiodifusión. Los hechos indican que la concentración de los medios de comunicación y, por lo tanto, de la formación de la opinión pública, la fijación de la agenda política y el autoritarismo del mensaje único que derrama el poder, sigue gozando de buena salud.

Fibertel S.A. es propiedad de la empresa Cablevisión, fusionada de hecho con Multicanal desde fines de 2007 con el aval de un decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner antes de abandonar la Casa Rosada. Anteriormente, en mayo de 2005, Kirchner había firmado el decreto 527 por el cual prorrogó por más de una década las licencias de los canales de televisión a los grupos hegemónicos.

A tal punto es funcional al esquema del oligopolio informativo ese decreto, que uno de los 21 aportes presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática al anteproyecto de ley en el Anexo de la Cámara de Diputados el 9 de junio, señala textualmente:

“El Decreto 527/2005 estableció la suspensión de “los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas….” por el plazo de 10 años. La futura ley deberá contener una disposición transitoria que disponga la reanudación de los plazos originales. Ello le permitiría a los actuales licenciatarios beneficiarse con el tiempo transcurrido durante la suspensión a la vez que eliminaría el manifiesto desajuste entre la norma reglamentaria y la ley. Con esta motivación planteamos agregar un último párrafo al artículo 143, con la siguiente redacción: “A partir de la vigencia de esta ley reanúdense los plazos suspendidos por el Decreto Nº 527/2005”.

A contrapelo del generalizado reclamo social para poner fin a la prensa hegemónica, la presidenta Cristina Fernández también le había puesto su firma en el mes de mayo a un acuerdo de perdón fiscal que, de ser aprobado por el Congreso de la Nación, beneficiará a una buena porción de los multimedios que elaboran y propagan el discurso del poder, en lugar de promover a las Pymes de la comunicación.

Pero hay más: La concesión que llegó con la Resolución 146 también le adjudicó a Clarín 100 números para los servicios 0610, 0611 y 0612; 10.000 para cobro revertido automático (0800) y la misma cantidad para cobro compartido (0810).

Las telefónicas no pueden competir en la provisión del servicio de triple play porque la regulación actual les impide dar televisión, lo que podría cambiar si prosperara el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsa el Gobierno y que aún no ha tomado estado parlamentario.

Como se puede observar, más allá de la pirotecnia verbal con la que el oficialismo suele adornar su discurso para señalar el relato "destituyente" de las corporaciones comunicacionales, a la hora de los bifes los dueños del poder mediático en la Argentina siguen haciendo pingues negocios con el visto bueno del Gobierno.

*Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.

Cuatro mil visitas... ¡qué tal!

Anochece en la costanera (foto: Marcelo Zona, 16/7/2009)

¿Promesas de campaña solamente?

En el fervor de la campaña proselitista los anuncios de grandes obras fueron moneda corriente en diarios y radios tanto locales como provinciales, pero transcurrido el acto electoral del 28 de junio pasado y a la luz de los resultados... Uno se permite dudar si muchas de ellas se concretarán.

Más aún después de la lluvia de ayer, que volvió a dejar al descubierto las incurables heridas del puente Vélez Sársfield, quien con más de cien años, estoico resiste el paso del tiempo y de un caudal cada vez más importante de tránsito.

Tras cada precipitación en la cabecera villanovense del puente se abre un bache que dificulta la normal circulación por el lugar (fotos 1 y 2), los autos golpean o se cruzan de carril para badear al mismo, motos y bicis hacen lo que pueden con mayor facilidad.

El inicio de la obra fue firmado el 18 de junio pasado, según consta en la página web de la Municipalidad de Villa María, pero desde entonces, sólo se observan los carteles que indican la obra que se realizará, a través del controvertido Eninder, y con la financiación de Vialidad Nacional, pero según un informe publicado por el diario Clarín, "hasta el 28 de junio, justamente, el Gobierno había ejecutado un 83 % del presupuesto anual asignado al plan de viviendas. El 70 por ciento del fondo para pavimentación, alumbrado y otras obras en municipios. Y el 60 % de la partida para Vialidad Nacional", de lo cual deducen que en lo que queda del año es poco lo que podrá hacerse... O sea... Puente nuevo, bien gracias.

Pero el crédito está abierto. Quién dice que quizás mañana no nos podamos llevar una sorpresa.

El bicentenario sin hambre

Por Claudio Lozano

Si se compara 2007 con 1997, la actividad económica creció un 32%. Sin embargo, la tasa de desempleo sólo descendió un 19%. Los asalariados no registrados, que representaban el 37,1%, pasaron al 41,5% del total. El ingreso promedio de los que trabajan, a valores reales, era un 22% inferior.
En consecuencia, la pobreza subió un 3%, afectando a 1.300.000 personas más, en tanto que la indigencia se expandió 36%, involucrando a 1.800.000 personas más.

Lo expuesto no niega el crecimiento, solo indica que no puso en cuestión los rasgos de concentración y desigualdad de la reestructuración económica de los últimos 30 años.

Así, la evolución de la facturación de las primeras 200 firmas comparada con el crecimiento del PBI indica la concentración de la economía, es decir la contracara de lo expuesto antes. Estas 200 firmas representaban el 31,6% en 1997, el 51,3% en 2005 y el 56% en 2007. En consecuencia, la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre saltó de 22 a 28 veces en 10 años.

Es verdad que, comparadas con las magnitudes que la pobreza alcanzó en la crisis (2002), el crecimiento posibilitó su reducción. Sin embargo, este efecto positivo desaparece a partir de 2007, cuando los límites que la concentración le pone al proceso de inversión y el impacto que esto produce en términos de menor creación de empleo e inflación, comienzan a afectar el poder adquisitivo. En lugar de revisar lo que acontecía, la opción asumida fue la manipulación de las estadísticas.

Resultado 1: el 33,5% de la población está en la pobreza y el 15,2%, en la indigencia a fin de 2008.

Resultado 2: el Gobierno perdió las elecciones.

Este panorama irrumpe con el rostro de 6,5 millones de pibes pobres y 3,5 millones de chicos hambrientos. Situación que contrasta con la posibilidad de poner una asignación universal por hijo de $ 300 y garantizar la eliminación del hambre. Hablamos de invertir 2,2% del PBI o 15,3% de las reservas del Banco Central.

La solución es hoy, y el diálogo social cobraría sentido si su objetivo fuera garantizar un Bicentenario sin hambre, ordenando el resto de nuestras políticas en función de esa decisión.