Amigos y enemigos

Maximiliano Montenegro (*)

A fines del año pasado la Federación Agraria (FAA) había acercado la propuesta de retenciones segmentadas, con alícuotas de 50% para los establecimientos sojeros de más de 1.000 hectáreas y de entre 15% y 20% para los de menor tamaño. De las 74.115 explotaciones registradas en la venta de soja, sólo el 4% de los establecientos acaparó el 60% de la última cosecha. El esquema redundaba en una recaudación adicional de 300 millones de dólares frente a la alícuota generalizada del 35%, previa al último aumento. Como se dijo en esta columna, el gobierno de Cristina archivó la propuesta. La federación encabezada por Eduardo Buzzi también solicitaba la puesta en marcha de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, anunciada hace seis meses, con un presupuesto de 400 millones para la diversificación de cultivos. En aquel entonces no había costo fiscal alguno porque los subsidios eran menos de la mitad de lo que ingresaba al erario con el esquema de retenciones segmentadas.

El Gobierno se niega a diferenciar la tasa de retenciones con el argumento de que generaría evasión, a través de la subdivisión de parcelas propias y/o arrendamientos. Desde la federación responden que es cuestión de reforzar controles, cruzar datos e instrumentar una liquidación integral de impuestos.

Los reintegros que ofreció el Gobierno para compensar a los chacareros por la suba de retenciones son lo mismo, pero con otro nombre. Por una ventanilla se les cobra la retención, por la otra se la devuelven. Aunque todavía no estaba definida la letra fina, ni el porcentaje del reintegro, las cifras de las compensaciones no son relevantes para el erario. Si por pequeña explotación se entiende a los establecimientos de menos de 100 hectáreas, uno de los borradores mencionaba un monto de 500 millones de pesos. Una porción frente a lo que recaudará el Estado con el nuevo esquema de retenciones móviles: según el cálculo “conservador” del Ministerio de Economía, reportará unos 3.200 millones de pesos adicionales al año mientras que la estimación de las consultoras privadas ronda entre 7.500 y 8.000 millones.

Anoche, después de la reunión con las cuatro entidades del agro, Alberto Fernández dejó en claro que el esquema de retenciones móviles no se modificará. Pero dijo que se evaluaban medidas para garantizar “la rentabilidad de los pequeños productores”, palabras que repitió unas diez veces. No quizo adelantar cuál será el mecanismo de compensación, lo cual debería definirse en la reunión del próximo lunes. En la madrugada de hoy nadie sabía cuál será la reacción de los ruralistas que todavía permanecían en las rutas. Muchos temían otro fin de semana de protestas en el interior del país.

Un gobierno con las arcas desbordantes, que no titubea en otorgar millonarios subsidios a grandes empresas, ¿por qué no negoció antes de anunciar las retenciones móviles con la Federación Agraria? ¿Por qué no cerró filas con la única entidad que defiende las retenciones y una mayor intervención del Estado para frenar la concentración de la tierra? ¿Por qué no aisló desde el principio a la Sociedad Rural, identificable con la “oligarquía terrateniente” y a CRA (CARBAP), que enarbola un antikirchnerismo a ultranza? ¿Por qué dejó a Buzzi sin otra salida que ponerse al frente de la protesta para no ser barrido por sus representados?

Asado. Meses atrás el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, comió un asado en casa de Luis D’Elía. Con el cordero adobado por el anfitrión, festejaron el cumpleaños de un dirigente de la FAA junto a otros militantes K. ¿Los cómplices de la oligarquía cenando en casa del piquetero favorito de la Casa Rosada? No hay mejor foto para corroborar que el desencuentro de estas dos semanas no fue un problema de afinidad ideológica ni de distanciamientos personales.

Ley del embudo. Un funcionario que conoce a la perfección las entrañas de la administración K asegura que el problema fue una mezcla de “torpeza política” y de parálisis en la gestión. Según esa versión, en los últimos meses Buzzi visitó los despachos oficiales en varias oportunidades. Pero, como todas las decisiones del gobierno de Cristina terminan en el “embudo” de la Jefatura de Gabinete, las conversaciones quedaron en la nada. Alberto Fernández es quien decide desde conceder una entrevista periodística a un ministro hasta las grandes definiciones de Estado, desde la designación de un gerente en el PAMI hasta el rumbo de las relaciones con Brasil. “Salvo Moreno, ningún funcionario tiene poder de decisión, y las carpetas se acumulan en el despacho de Alberto”, cuenta la fuente.

Alianzas. Otros creen que el problema es un poquito más complejo. Cuestionan las alianzas que teje el Gobierno en el universo empresarial. Se sorprenden de los errores a la hora de identificar entre amigos y enemigos. “La UIA y la Sociedad Rural apoyaron todas las dictaduras. Pero tanto en la industria como en el campo tenés potenciales aliados. El problema es saber elegirlos”, razona un economista K.El matrimonio Kirchner nunca buscó reconstruir una CGE de pequeñas y medianas empresas. En cambio, prefiere manejarse con la UIA, hoy conducida por interlocutores afines al Gobierno, pero donde el poder real lo tuvieron siempre grandes grupos como Techint, Ledesma o Arcor. El jueves, después del discurso de 34 puntos de rating en Parque Norte, Cristina se reunió con la cúpula de la Unión Industrial para demostrar que sus respaldos en la pulseada con el campo no eran sólo políticos.“No entienden quiénes son cada uno. Hoy banqueros, constructores, empresas alimentarias hablan con Julio (De Vido) y le dicen que sí, porque tienen miedo. Pero cuando encuentren una rendija de debilidad, te empujan al precipicio”, insiste la fuente.

Las espadas mediáticas del kirchnerismo demonizaron a Buzzi, a quien acusaron de haber saltado a los brazos de una oligarquía golpista que –en el imaginario oficial– desafiaba a todo el sistema político. Fue el antológico discurso que articuló Cristina el martes, cuando disparó contra las 4 x 4 del campo, sin distinciones.

Esa oligarquía existe. Es difícil saber si es menos democrática que los socios empresarios del Gobierno. Pero en su gran mayoría no eran los chacareros que cortaron las rutas. A propósito, Luciano Miguens, el titular de la Sociedad Rural, fue el dirigente con más diálogo en estas dos semanas con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Y hace días que buscaba una tregua preocupado, como muchos de los ganaderos de la Rural, por que se reabriera el registro de exportaciones de carne. La miopía para segmentar y tenderles una mano a los aliados que pueden compartir algo más que la billetera es un sello K. También lo es avanzar como tromba una vez identificado el supuesto enemigo, sin reparar en costos políticos e institucionales. Ni en daños económicos: con el desabastecimiento, los precios tomaron nuevo envión. Más allá de la promesa de los súper, el riesgo es que, una vez normalizada la cadena de comercialización, se estabilicen en un escalón más alto.

El revés del discurso. La alianzas del Gobierno en el sector alimentario son otro buen ejemplo de pragmatismo, despojado no sólo de ideología sino también de un plan agropecuario. Cierra trato con las cerealeras multinacionales y un puñado de molinos harineros, que se quedan con parte de la renta de miles de productores trigueros. Socorre a las dos empresas que concentran el mercado lácteo y desatiende a miles de tamberos que resisten frente a la soja. Pide ayuda a los grandes frigoríficos exportadores, que aprovechan las bajas del ganado en Liniers, que no llegan a los mostradores para ampliar sus márgenes de ganancia. Se apoya en cuatro supermercados y un selecto club de empresas alimentarias que acaparan desde el mercado de galletitas y yogures hasta el de la cerveza. Y, en lugar de preguntarse si esos mercados oligopólicos no serán parte del problema, los fortalece. Según un estudio de la consultora Ecolatina, durante el último año, el Gobierno distribuyó 1.502 millones de pesos en subsidios a la agroindustria, a cambio de mantener los precios de algunos productos esenciales. Cinco molinos recibieron la mayor parte de los 366 millones derivados al sector; las dos lácteas (Sancor y Mastellone), otros 319 millones; las aceiteras (destacándose por lejos General Deheza, del senador Roberto Urquía), 279 millones, y un grupo de compañías faenadoras de pollos, 250 millones. En veinte empresas se concentra el 81% del total de subsidios. El resto se repartió entre tamberos (6% del total), chacareros del trigo (5,9%) y los establecimientos de engorde vacuno en corral (4,6%).

Para un gobierno que pretende diversificar la producción agrícola, la asignación no parece muy equilibrada. De más está decir que en cada una de las agroindustrias subvencionadas los precios aumentaron casi tan rápido como los desembolsos estatales. La cuenta se acrecienta velozmente porque todos los días aparecen en el Boletín Oficial nuevos pagos.

(*) Diario Crítica 29/03/2008